Distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este documento constituye las Bases de Acción Política y Plataforma Electoral del Partido “El Movimiento”, que conforma un conjunto de políticas, instrumentos, programas de reformas legislativas y normativas, propuestas de programas pertinentes para llevar a la práctica los valores y compromisos asumidos en la declaración de principios en común.
Entendemos que estas propuestas constituyen un efectivo plan de gobierno que con eficiencia, eficacia y economía transforme la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conforme un punto de referencia para el desarrollo nacional.
La renovación de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires es una obra en construcción. Debemos integrarnos al mundo desarrollado, cumpliendo el desafío de que todos los habitantes de la nación vivamos en un país mejor, fundado en la justicia social, el respeto de la dignidad humana, el pluralismo democrático y el respeto a los derechos humanos, entre los cuales debe prevalecer el Derecho a la Vida.
Para ello se proponen las siguientes medidas de acción y se trazan los siguientes objetivos:
La educación.
Se tomarán políticas activas tendientes a evitar la deserción de los jóvenes de entre 15 y 18 años quienes -estadísticamente- son los que más abandonan las aulas.
Se impulsará la reforma de los contenidos curriculares adaptándolos a las actuales necesidades y habilidades técnicas y laborales, de modo de preservar y reforzar la relación entre la educación y trabajo.
Se propondrán reformas en la política educativa tendientes a lograr el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado, destacando y premiando el mérito como virtud, sin descuidar que el proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de seguimiento, contención y continua tutoría en todos los niveles.
Se implementarán programas de alfabetización para las madres y padres después del horario escolar o contra turno, para que puedan participar plenamente de la educación de sus hijos, integrando verticalmente el sistema educativo.
Se promoverán inversiones que sirvan para construir nuevas escuelas y mejorar la infraestructura de las ya existentes.
Se incorporarán herramientas de gestión y autoevaluación a las escuelas y sus directivos, realizando seguimiento directo de cada escuela para la mejora de su gestión escolar.
Se incorporarán las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y en la gestión escolar.
Es necesario fortalecer a las cooperadoras escolares para que sean vistas como verdaderos centros de administración de recursos donde las madres, padres y/o tutores puedan cooperar e involucrarse en forma efectiva.
Se impulsará la jerarquización de los docentes en función de sus conocimientos, preparación y títulos, con salarios acordes a su nueva categoría. Se efectuará una reingeniería de la estructura salarial, previendo que el 100% del sueldo sea pagado “en blanco”.
La Seguridad.
Se estima indispensable asignar a las tareas de vigilancia, patrullaje y asistencia al ciudadano más y mejores efectivos policiales. Esto significa, una mayor cantidad de efectivos policiales en las calles, a la vez que éstos deberán contar con la jerarquía que la alta función social que realizan merece, debiendo contar con sueldos adecuados a su responsabilidad y con los elementos indispensables para desarrollar sus tares, destinando una mayor parte del presupuesto de la ciudad a esos fines.
Se debe priorizar un programa de construcción de establecimientos idóneos para el alojamiento de los detenidos y la creación de un cuerpo de seguridad especializado en el cuidado y la seguridad de los mismos.
Es fundamental, como medio para combatir la violencia, implementar un programa de reducción de la cantidad de armas en circulación, sobre todo en el mercado negro. Deben censarse las armas registradas, verificar los permisos vencidos y elevar los requisitos de aptitud física y psicológica para obtener las autorizaciones e implementar estrictos controles en los depósitos oficiales.
Se buscará implementar medidas legislativas tendientes a agilizar al máximo los procedimientos en el ámbito de la justicia, y para ello se desarrollarán programas que busquen “desformalizarse” el proceso penal mediante la oralización de todas sus etapas, sin mengua de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Asimismo, el sistema judicial de la Ciudad debe estar preparado para incorporar el juicio por jurados ni bien éste sea sancionado. Se promoverán además ante el Congreso Nacional, las leyes que resulten necesarias para evitar las excarcelaciones no convenientes, los cumplimientos parciales de las condenas con liberaciones peligrosas para la sociedad, las tareas profesionales tendientes a la reinserción de los condenados una vez cumplidas sus penas con el consecuente mejoramiento del sistema Penitenciario Federal.
Deberá además promoverse en forma urgente el Registro de Delincuentes, a través del ADN que deberá instrumentarse con todas las personas que resulten imputadas por la comisión de un ilícito.
La ciudad tiene la obligación constitucional de asistir y contener a los jóvenes en conflicto con la ley, especialmente en su etapa más temprana. Para ello debe fortalecerse la detección de estos conflictos y para ellos la escuela tiene un papel fundamental que cumplir. En ese ámbito la generación de oportunidades laborales genuinas y la atención de la salud, en particular en casos en que se verifica abuso de drogas.
Economía y producción.
Se deben otorgar incentivos fiscales a fin de ampliar la frontera agroindustrial y sus cadenas de valor.
Se promoverán en el ámbito nacional la creación de asignaciones específicas para la realización de programas productivos, financiados con recursos provenientes de las retenciones.
A fin de lograr la inserción de las exportaciones agroindustriales es necesario establecer programas de mejora de calidad, trazabilidad, genética sanidad e implementar políticas activas de promoción.
Se debe recuperar la actividad productiva, generándose confianza que permite recuperar el nivel de inversiones necesario. Para ello la conciencia colectiva sobre la inseguridad jurídica debe mutar, a través del respeto por la propiedad privada que deben exhibir el Estado, sus Entes centralizados y descentralizados, y todas aquellas empresas y entes privados que prestan servicios públicos.
Debe promoverse al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como una entidad destinada a brindar una efectiva plataforma de desarrollo. Rescatar lo importante de que el Estado participe activamente en la creación y apoyo al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, para que la dádiva que constituye el subsidio pueda mutar por el ofrecimiento de trabajo que dignifique al ciudadano.
Debe promoverse un reordenamiento de los tributos nacionales y municipales, de modo de dar previsibilidad y potenciar el desarrollo de las actividades productivas tutelando la equidad y ayudando a la simplificación del sistema tributario. Será fundamental en ese aspecto lograr la recuperación del porcentaje de Coparticipación Federal que le corresponde a la ciudad, lo cual permitirá reducir los tributos que pagan los contribuyentes.
Se debe procurar la normalización de las remuneraciones de los empleados públicos, lo que permitirá a éstos acceder a una jubilación digna y acorde a sus ingresos como activos. Deben incorporarse conceptos que hoy no están contenidos en el sueldo básico, y que por ende no son tenidos en cuenta a la hora de calcular la antigüedad y el haber jubilatorio, el que debe estar en consonancia con loe establecido por los fallos de la Cortes Suprema de Justicia, que establecieron la obligatoriedad del 82% móvil.
Consecuentemente, se promoverá nuevamente la ley que imponga erga omnes dicha base, tras haber sido vetada por el PEN la que se sancionó oportunamente.
También se promoverá la inversión de los fondos de la ANSES, de acuerdo con el destino que les corresponde conforme lo establecido por la ley 26425, debiéndose accionar inclusive en sede judicial ante la malversación de los mismos.
La Salud y la Acción Social.
Se debe establecer una cobertura total de medicamentos y coberturas médicas esenciales.
Se debe garantizar el acceso universal al sistema de salud, a través de una gestión hospitalaria eficiente, y que a la vez que cada centro de salud cuente con la provisión de equipamiento, insumos y los profesionales necesarios. Es necesario implementar políticas de acercar el sistema de salud al paciente.
Es necesario asegurar condiciones dignas de trabajo a los profesionales de la salud, con un régimen de promociones y beneficios en base al mérito profesional, y una mejora en las remuneraciones y los estándares de calidad.
Se debe volver a lanzar en forma sistemática campañas educativas para la prevención de enfermedades infecciosas, como el HIV, e informaremos sobre la importancia de los controles periódicos para la detección temprana del cáncer.
Es fundamental trabajar en la recuperación de personas con problemas de adicción, en conjunto con la Justicia, las Fuerzas de Seguridad y los servicios de atención y rehabilitación de ese sector de la sociedad. El objetivo debe basarse en la recuperación y no la persecución.
Políticas sociales.
Se debe cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza, y para ello proponemos como contraprestación el control de salud y la asistencia escolar de niños y adolescentes de las familias beneficiarias.
Las políticas sociales se deben aplicar a través de un sistema único de identificación y registro de beneficiarios o potenciales beneficiarios para todas las prestaciones sociales, que elimine la superposición de acciones, mejore su eficiencia y efectividad y opere a modo de “ventanilla única” de solicitud y asignación de beneficios. Estos instrumentos de gestión garantizarán la transparencia de las acciones que llevemos a cabo y la mejor gestión de los recursos.
Se deben contemplar medidas para mantener a los jóvenes más vulnerables dentro del sistema educativo e impulsar programas para su inserción laboral, a través de regímenes promocionales del “primer empleo”.
Es necesario garantizar una cobertura de salud que asegure la atención desde el embarazo hasta la adolescencia.
La política de previsión social debe asegurar condiciones de vida dignas a todos los adultos mayores en situación de pobreza, y a todas aquellas personas menores o discapacitadas que se encuentren o no en situación de calle. Respecto de los menores expuestos en la vía pública, deberá instrumentarse una política que los proteja creándose hogares a los cuales se los destine, registrándoselos a ellos como a sus padres, quienes serán responsables en virtud del ejercicio de la patria potestad tanto por la seguridad y salud de sus hijos, como por los hechos que ellos protagonicen.
Debe reducirse el déficit de viviendas dignas para lo cual deben articularse programas de construcción de viviendas nuevas y de recuperación de aquellas que se encuentran en condiciones deficitarias.
Debe promoverse el financiamiento de los programas habitacionales a través de métodos de inversión público-privado. Cada adjudicatario deberá contribuir al sistema, ahorrando durante la etapa previa y amortizando la financiación otorgada en función de su capacidad económica.
